El juez César Hinostroza Pachari ha puesto de vuelta y media al país gracias a los audios que destapan una red de corrupción en las más altas esferas de la justicia peruana. El barro ha salpicado a casi todas las instancias hasta al fútbol donde el más complicado es Edwin Oviedo, presidente de la Federación Peruana de Fútbol.
El magistrado, a quien el Colegio de Abogados de Lima le ha suspendido hace unas horas su colegiatura, presidió la Segunda Sala Penal Transitoria de la Corte Suprema que el 8 de agosto de 2017 aceptó el recurso de casación presentado por la defensa técnica de Jader Rizqallah Garib, inversionista del FBC Melgar.
La Segunda Sala Penal Transitoria la integraban cinco jueces: Ventura Cueva, Figueroa Navarro, Cevallos Vegas, Chávez Mella y era presidida por Hinostroza Pachari, este último fue el encargado de exponer los fundamentos del fallo.
La Casación 92-2017 se fundamentaba en que la Fiscalía no determinó el delito fuente de gravedad; es decir, no logró comprobar que el dinero que Rizqallah invirtió en Melgar era de procedencia ilegal para el delito de Lavado de Activos: minería ilegal, tráfico ilícito de drogas, terrorismo, secuestro, tráfico de personas, proxenetismo, extorsión, tráfico de migrantes, delitos aduaneros, delitos contra la administración pública y robo.
Lo que argumentó la fiscal especializada en Lavado de Activos, Carol Cuba, es que el dinero del inversor procedía del fraude de la administración de personas jurídicas bajo la modalidad de creación de empresas fachada.
En octubre de ese año el I Pleno Jurisdiccional Casatorio de las Salas Permanente y Transitoria de la Corte Suprema decidió dejar sin efecto el carácter vinculante de la resolución porque podría provocar que muchas investigaciones por Lavado de Activos se trunquen.
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